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¿Qué ocurrirá si decae el estado de alarma el próximo 9 de mayo?

Los tribunales tendrán la ultima palabra para avalar las restricciones adoptadas por las CCAA ante una pandemia con los datos al alza

EFE

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Control de los Mossos d’Esquadra en el área de servicio del Baix Ebre (AP-7), en Semana Santa.   FOTO: EFE

Control de los Mossos d’Esquadra en el área de servicio del Baix Ebre (AP-7), en Semana Santa. FOTO: EFE

La previsible finalización del estado de alarma el próximo 9 de mayo encamina a España a una situación de incertidumbre que no es nueva, en cuanto deja en manos de los tribunales la última palabra para avalar las restricciones adoptadas por las comunidades autónomas ante una pandemia con los datos al alza.

«Queremos que el 9 de mayo sea el punto final al estado de alarma. Es nuestro objetivo y para eso trabajamos», dijo este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya intención es no prorrogar el estado de alarma una vez que expire el próximo 9 de mayo, por lo que dejarían de tener efecto las restricciones de movilidad, como el toque de queda o los cierres perimetrales.

Terminaría así el segundo estado de alarma para el conjunto de España, que entró en vigor el 25 de octubre, es decir, seis meses y medio antes, casi el doble de lo que abarcó el primero, desde el 14 de marzo al 20 de junio, y lo hará con el mismo problema que entonces, sin una legislación actualizada que sirva de plan B al marco jurídico que ampara la alarma.

Ese fue el debate entre los expertos que se abrió hace meses y que aún hoy continúa vigente, pues es de prever que se vayan a generar las mismas polémicas que en el pasado verano y otoño, cuando, por ejemplo, un juez de Madrid tumbó las medidas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que, poco después, fueron avaladas por el Tribunal Superior.

Casos como éste condujeron al Ejecutivo a impulsar un ligero cambio para que fueran los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y no los juzgados los que ratificaran las medidas adoptadas.

Pero ya fueran juzgados o tribunales, aquello convertía a los jueces en árbitros de la pandemia y provocaba desajustes tales como que unos togados tumbaran algunas de las restricciones impuestas por las administraciones mientras otros, a pocos kilómetros de distancia, las respaldaban, es decir, una misma medida era avalada en una comunidad mientras en su vecina era rechazada.

La ley de salud pública será clave

Para adoptar nuevas restricciones, ayuntamientos y comunidades autónomas tendrán que basarse de nuevo en la Ley de Salud Pública de 1986, que habilita a las distintas administraciones públicas a decretar medidas especiales por razones sanitarias de urgencia o necesidad.

Pedro Sánchez explicó el pasado lunes que una vez que decaiga el estado de alarma, las medidas que se tengan que adoptar para combatir la pandemia se tomarán en el seno del Consejo Interterritorial, en el que participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

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