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El juez de Reus que investigaba una denuncia contra Vox se inhibe en un juzgado de Madrid

Una entidad musulmana quiere llevar a dos dirigentes del partido a juicio por haber dicho que los extranjeros violan más

ACN

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Imagen del abogado de la asociación Watani de Reus, Hilal Tarouk. ACN

Imagen del abogado de la asociación Watani de Reus, Hilal Tarouk. ACN

El juzgado de instrucción número 3 de Reus, que había abierto diligencias previas contra Vox por un supuesto delito de injurias a raíz de una denuncia presentada por la entidad musulmana Watani, se ha inhibido en un juzgado madrileño. La entidad había llevado ante el juez las declaraciones que hicieron a los medios los dirigentes del partido Santiago Abascal y Iván Espinosa de los Monteros en las cuales decían que la mayoría de violadores son extranjeros. En un auto al cual ha tenido acceso ACN, el juez considera que, una vez identificados los hechos, no es competente para juzgarlos porque se ubican en unos estudios de televisión de San Sebastián de los Reyes, dentro del partido judicial de Alcobendas.

El juez Diego Álvarez de Juan había observado que las actuaciones podrían suponer "una posible infracción penal", por lo cual a final de enero acordó nuevas diligencias para determinar la naturaleza y las circunstancias de los hechos. A pesar de todo, tanto Santiago Abascal como Iván Espinosa de los Monteros son aforados por su condición de diputados en el Congreso, por lo cual el órgano encargado de juzgarlos sería el Tribunal Supremo.

Declaraciones por televisión

El noviembre pasado la asociación musulmana Watani de Reus presentó la denuncia al juzgado de guardia. El escrito detallaba que Espinosa de los Monteros dijo públicamente en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3 que “un extranjero es tres veces más propenso a violar que un español”. Además, también recogía una manifestación hecha por el líder de Vox, Santiago Abascal, en el debate televisivo emitido por varias cadenas estatales, donde dijo que “desde la ‘Mandada de San Fermín’ ha habido más de 100 mandadas y el 70% de los que están imputados son extranjeros”.

El abogado de la entidad, Hilal Tarkou, sostenía que estas manifestaciones “radicalmente falsas” podrían incurrir en un supuesto delito de incitación al odio y a la violencia. “Constituyen una manifiesta alarma social, atentan gravemente contra la dignidad de las personas extranjeras, atentan contra la convivencia, contra la paz social, incitan al odio, motiva y llamamiento a la conflictividad y, consiguientemente, al racismo y a la xenofobia especialmente contra los extranjeros”, puntualizaba el letrado a la denuncia.

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